Mediación Penal

La moderna evolución jurídica rompió el lazo entre el delincuente y la víctima, convirtiendo al derecho penal en una disciplina del derecho público que se ocupa de la relación del estado con el delincuente, de modo que la víctima aparece, a lo sumo, como testigo.

La víctima de un delito es merecedora no solo de una explicación del porqué de lo ocurrido sino también de una reparación personal, moral y en su caso económica. Lo que procura la mediación penal es que dicha reparación provenga de manera directa y en primera persona del autor del hecho delictivo quien, con su petición de perdón y disculpas puede lograr una reparación en la víctima mucho mayor que cualquier sentencia.

En la mediación penal, entre la víctima y el autor, la primera se configura como un elemento activo dentro del proceso penal percibiendo que se antepone en primer lugar la reparación del daño que ha sufrido. Asimismo, le permite tener un conocimiento de la realidad del imputado y de sus circunstancias personales. Todo ello facilita la percepción de una respuesta personalizada clara, concreta y tangible para ambas partes. La víctima encuentra un entorno adecuado para expresar el dolor sufrido lo que ayuda a superar sus sentimientos de, miedo, desconfianza, venganza o rencor. La reparación de la victima y el perdón de la misma es importante a nivel personal y moral tanto para la propia victima como para el delincuente.

El infractor, por su parte, en el proceso de mediación penal, se responsabiliza del hecho delictivo así como de las consecuencias del mismo. Ostenta una participación activa en el proceso de resolución de conflictos así como la satisfacción de contribuir a la reparación del daño causado, lo que, a la postre, contribuye a la reinserción social con claros efectos preventivos, reduciendo la reincidencia.

Nuestra tarea como mediadores, es procurar el marco adecuado para que puedan conseguir un resultado inmediato, directo y satisfactorio que nunca se consigue a través de los juzgados. La mediación penal proporciona una respuesta ágil ante la comisión de un delito, aportando al sistema judicial un instrumento flexible que además ahorra costes judiciales, fomenta la cultura del diálogo para la resolución de conflictos y evita la penalización éstos conflictos.